Antecedentes

La Comisión Estatal de Patrimonio Natural, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, aprobó el día 4 de febrero, por votación de las CCAA, la inclusión de todas las poblaciones de lobo existentes en España en el Listado de Especies en Régimen de Especial Protección, con el consiguiente cambio a especie no cinegética. Seis días después, el ministerio informa a través de su portal web que se abre un proceso de consulta pública del documento Proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, atendiendo únicamente al Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, consistente tan sólo en facilitar una dirección electrónica a la que hacer llegar alegaciones por escrito durante un plazo mínimo.

Este procedimiento parece cerrar por tanto la posibilidad de actuar de acuerdo a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que obliga a las administraciones públicas a garantizar el derecho a “participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente” y además, este texto indica que la participación sea activa y se realice “cuando estén aún abiertas todas las opciones y antes de que se adopte la decisión”

DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL Y DESCRITA EN LOS ANTECEDENTES DE ESTE DOCUMENTO

Es necesaria la participación activa y el acuerdo de todos los agentes en la toma decisiones de este tipo

El modelo de gestión del lobo afecta a sectores muy diferentes, a distintos territorios y son muchos los agentes potencialmente interesados o/e implicados directa o indirectamente.

La coexistencia con el lobo pasa actualmente por una situación muy sensible y compleja que se arrastra desde hace años. Un escenario en el que confluyen relaciones muy diversas e intereses y posiciones opuestas, a menudo enfrentadas, que, como en todos los conflictos socioambientales, debería ser tratado mediante procesos proactivos de participación pública que garanticen el diálogo, la escucha de todas las partes, la búsqueda de consensos y la mediación social, si se considerara necesario.

El mecanismo por el que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha tomado esta decisión afecta enormemente a la merma de derechos (Ley 27/2006, de 1 de julio) y está contribuyendo al aumento del grado de conflictividad y de tensión entre personas y sectores.

Este proceso necesitaría contar con el tiempo suficiente y los recursos necesarios para poder desarrollarse adecuadamente, garantizando así la construcción colectiva de soluciones y una toma de decisiones respaldada por una gran parte de la sociedad y, especialmente, por las personas, entidades y grupos afectados.

El lobo es patrimonio de toda la sociedad y su conservación compete a todxs

Teniendo en cuenta que el lobo es patrimonio de todas las personas, es toda la sociedad la que debe contribuir íntegramente con los gastos y el coste que pueda ocasionar su coexistencia con la ganadería extensiva, a través de los fondos públicos e instrumentos económicos y de gestión que se considere necesarios en cada territorio.

La ganadería extensiva también es patrimonio de toda la sociedad y requiere ser protegida

Es necesario tener en cuenta en este contexto que la ganadería extensiva tiene un alto valor ecológico. A través del pastoreo y la gestión territorial, la ganadería extensiva contribuye a la generación de servicios ecosistémicos tanto de provisión como de regulación, además de otros bienes públicos y resultados positivos en términos sociales. Además, la ganadería extensiva puede contribuir al necesario cambio de modelo alimentario, imprescindible para la lucha contra el cambio climático: una alimentación sostenible, de base agroecológica, donde se valore y se priorice el consumo de productos locales. En definitiva, esta actividad no sólo genera productos de calidad, sino que también configura el paisaje, ayuda a controlar los incendios forestales, regula los ciclos del agua y la calidad del suelo, favorece a otras especies silvestres al aumentar la producción primaria con especies vegetales más palatables, ayuda a potenciar la biodiversidad y a conservar el patrimonio cultural y la identidad territorial.

Por lo tanto, todas las medidas que se tomen para la conservación del lobo deben procurar que la coexistencia entre el lobo y la economía rural no ponga en peligro un patrimonio tan valioso como es la ganadería extensiva.


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