OBSERVAMOS…
  • Que los instrumentos que hay actualmente para conocer y reconocer los ataques de cánidos a las explotaciones ganaderas no son efectivos de cara a una cuantificación precisa, por lo que la información que proveen actualmente no es un reflejo fiel de la realidad. Ello se debe a muy diversos motivos. Por un lado, los criterios que se usan en las distintas comunidades autónomas son diferentes y la información que genera es poco comparable de unas regiones a otras (con protocolos para los agentes medioambientales a veces poco claros). Además, con las evidencias que se obtienen es casi imposible distinguir los ataques de lobo de los de perros asilvestrados. Por otro lado, muchos de los ataques no son declarados por los ganaderos y las ganaderas por motivos muy diversos (la agotadora tramitación burocrática a la que no todas las personas están habituadas, o la necesidad de presentar restos a pesar de que los carnívoros y las especies carroñeras pueden hacerlos desaparecer en poco tiempo si su falta no ha sido detectada). También, las relaciones personales del ganadero con la guardería pueden mediatizar el procedimiento e incluso, ocasionalmente, se han encontrado casos de fraude en los procedimientos.
  • Que el coste de los procedimientos de evaluación de daños, tanto en recursos humanos como administrativos y económico, es extraordinariamente elevado para las administraciones ambientales.
    Aunque hay limitaciones en la calidad y fiabilidad de algunos datos, también vemos que no existe un acceso transparente a la información sobre ataques, daños e indemnizaciones que gestionan las distintas administraciones autonómicas, información que debería ser claramente accesible para cualquier persona interesada a fin de definir unos posicionamientos basados en información real.
  • Que la cuantificación de daños es la base sobre la que se apoyan los instrumentos económicos de compensación de daños, por lo que, con los mimbres apuntados más arriba, no es extraño que no satisfagan a ninguna de las partes afectadas por el conflicto. Además, el propio argumento económico influye –y necesariamente condiciona-– el procedimiento de cuantificación de daños, lo que puede pervertir su funcionamiento.
  • Que los retrasos injustificados en el pago de los daños son percibidos por los ganaderos y ganaderas afectados como una dejadez por parte de la administración que genera indefensión y puede llevar al fracaso de estas medidas.
ESTAMOS DE ACUERDO EN…
  • Que se deben mejorar y homogeneizar los procedimientos de valoración y cuantificación de daños en todos los territorios, a fin de contar con una información rigurosa y útil para la toma de decisiones.
  • Que se debe facilitar el acceso a la información de daños, ataques e indemnizaciones en manos de las administraciones.
  • Que se debe tender a reducir y simplificar la tramitación de las indemnizaciones, planteando procedimientos menos burocratizados y más accesibles.
  • Que la vinculación de las indemnizaciones a los procesos de evaluación de daños, dada la dificultad y complejidad de su realización, no hace sino acrecentar el conflicto y no satisface los intereses de ninguno de los actores implicados.
Y, POR TANTO, RECOMENDAMOS…
  • Que el mecanismo de cuantificación de daños se base en una ‘declaración voluntaria de bajas’ que efectúa el ganadero periódicamente ante las administraciones agrarias de sus respectivas comunidades autónomas.
  • Que esta medida podría incorporarse en un concepto englobador como “incidencias como compensación por coexistencia con la vida silvestre” que agrupe todas las casuísticas ahora contempladas de forma parcelada y que afectan negativamente y en particular a los profesionales de la ganadería extensiva.
  • A partir de esa cuantificación, se aplicaría algún factor de corrección en cada zona que podría vincularse con el censo oficial de lobos (mayor porcentaje de bajas indemnizables en las zonas de mayor densidad lobera), entre otros criterios.
  • Habilitar un protocolo de seguimiento y monitorización que permita evaluar en el tiempo el sistema, los factores de corrección y el grado de satisfacción del procedimiento por parte de todos los actores implicados.

 

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